Desde que la reforma al Artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México entró en vigor, ha circulado mucha desinformación en redes sociales sobre el futuro de la propiedad privada en la capital.

Para aclarar la confusión, es importante revisar lo que dice el Artículo 27 de la Constitución Mexicana, del cual se tomó un fragmento para la modificación local.
Contexto de la Reforma
El pasado lunes 2 de septiembre de 2024, se aprobó una reforma que ha generado gran incertidumbre entre los ciudadanos.

Se temía que esta reforma pudiera significar el fin de la propiedad privada en la CDMX.

Sin embargo, la realidad es distinta a lo que se ha difundido.
El Artículo 27: Propiedad Nacional y Privada
El Artículo 27 de la Constitución Mexicana establece que la propiedad de tierras y aguas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la nación.

Esta puede transmitir el derecho de propiedad a los particulares, constituyendo así la propiedad privada.

Además, el artículo señala que la nación tiene el derecho de imponer modalidades a la propiedad privada en función del interés público, para mejorar las condiciones de vida y aprovechar los recursos naturales.
Declaraciones del Jefe de Gobierno
Martí Batres, Jefe de Gobierno de la CDMX, ha confirmado que la reforma no implica la eliminación de la propiedad privada.

Según Batres, el objetivo de la reforma es priorizar el interés público y social en el desarrollo urbano, sin modificar el derecho a la propiedad privada.

Los ciudadanos podrán seguir comprando inmuebles y terrenos como hasta ahora.
¿Y las expropiaciones?
La ley también permite la expropiación de propiedades, pero solo por causa de utilidad pública y con el pago correspondiente de indemnización.

Esto garantiza que ninguna propiedad pueda ser expropiada sin una razón justificada y sin compensación económica adecuada.

El Gobierno de la CDMX ha aclarado que la reforma no altera los procedimientos para expropiaciones.
Con estos aclaraciones, queda claro que la propiedad privada sigue protegida y que la reforma busca mejorar la planificación urbana con un enfoque en el bienestar social, sin alterar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

EL IMPARCIAL