La administración del Ayuntamiento de Puebla, bajo el mandato de Eduardo Rivera Pérez, está de nueva cuenta en el ojo del huracán. Una reciente investigación publicada por un importante medio poblano revela que la productora Remedios Producciones S. de R.L de C.V., propiedad de Manuel Peñaloza García, acumuló 16 contratos por un total de 186 millones de pesos durante los últimos dos años y dos meses, lo que plantea serios cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.

Este relación comercial comenzó casi de inmediato, con el primer contrato adjudicado a Remedios Producciones apenas tres días después de que Rivera tomara posesión en octubre de 2021. La inmediatez con la que se otorgó este primer contrato —que no contaba con número de serie— levanta sospechas sobre la transparencia de los procesos, que a la vista no parece normal.

Uno de los puntos más alarmantes de esta relación contractual es el posible daño a la Hacienda Pública Municipal. Según el Informe Individual de 2022 de la Auditoría Superior del Estado (ASE), un contrato de 20 millones de pesos firmado en mayo de ese año carece de documentación que justifique el uso del material y equipo alquilado. Esto viola la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que sugiere un manejo irregular.

La conexión entre Remedios Producciones y el Ayuntamiento se intensificó en 2023, justo antes de que Eduardo Rivera se separara del cargo para buscar la candidatura a gobernador. En su último año como alcalde, se otorgaron siete contratos por un monto acumulado de 125 millones de pesos. Cabe destacar que tres de estos contratos se firmaron el mismo día, en una jornada que sumó más de 34 millones de pesos.

Esta red de contratos millonarios no terminó con la salida de Rivera Pérez. En el periodo de Adán Domínguez Sánchez como presidente municipal sustituto, se firmaron otros seis contratos con la empresa de Peñaloza, incluyendo dos el mismo día, por un total de 35 millones 750 mil pesos, lo que parece indicar una política de favoritismos hacia ciertos proveedores.

El caso de Remedios Producciones no solo pone en evidencia las presuntas irregularidades dentro del Ayuntamiento de Puebla, sino que también expone la fragilidad de los mecanismos de control en la administración pública. La ASE ha señalado la falta de transparencia en los comprobantes fiscales y en la descripción de los servicios, lo que abre la puerta a una posible malversación de fondos.

Con el fin de la administración de Rivera Pérez y la próxima llegada de José Chedraui Budib a la presidencia municipal, la interrogante sobre el destino de estos ‘186 millones de pesos’ sigue latente. ¿Qué eventos justificaron tal inversión en alquileres? ¿Cuáles serán las responsabilidades que asumirán las nuevas autoridades para esclarecer este posible desfalco?

Así las cosas…