Al menos 15 mil elementos de la extinta Policía Federal serán cesados de la Guardia Nacional y transferidos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Con esta medida, la Guardia Nacional quedará bajo control exclusivamente militar, consolidando su carácter castrense.

Dicha decisión genera incertidumbre sobre el futuro de los agentes cesados. Aunque serán reubicados en la SSPC, aún no se han detallado las condiciones de su nuevo empleo ni las oportunidades de desarrollo profesional que se les ofrecerán.

Por otro lado, diversas organizaciones civiles y expertos en seguridad han denunciado que esta medida contraviene el artículo 21 Constitucional, el cual establece que las funciones de seguridad pública deben estar a cargo de instituciones civiles, lo que implica un riesgo latente para los derechos humanos, ya que la militarización de la seguridad pública ha sido asociada históricamente con un aumento de las violaciones a éstos.

En concreto, organizaciones como Amnistía Internacional han expresado su preocupación por este hecho.