Desde su designación en enero de este año, Lenia Batres Guadarrama ha sido el centro de críticas y controversias por su desempeño en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La ministra, respaldada directamente por el presidente López Obrador tras el rechazo del Senado a dos ternas previas, ha enfrentado señalamientos por su baja productividad. Ante esta situación, Batres ha optado por justificar su desempeño bajo el argumento de la “curva de aprendizaje”, una explicación que ha generado opiniones divididas entre analistas y ciudadanos.

Durante su primer periodo de sesiones, de enero a julio, Latinus reveló que Batres no presentó ningún proyecto de sentencia ante el Pleno de la Suprema Corte. Esta inactividad fue percibida como alarmante, considerando que un ministro recién designado debería demostrar rápidamente su capacidad para integrarse al trabajo del más alto tribunal del país. La ministra respondió que su falta de productividad en esos primeros meses se debió a que estaba conformando su equipo de trabajo, un proceso que, según ella, le impidió presentar resoluciones con la prontitud esperada.

No obstante, lo que llama la atención es la discrepancia en los números. A través de su cuenta en X, Batres publicó gráficos que supuestamente demuestran que ha resuelto más asuntos que el promedio de sus compañeros en la Segunda Sala de la Corte. Sin embargo, esta afirmación resulta cuestionable al comparar los 200 casos resueltos que ella menciona con el promedio de 258 asuntos que señala su propia gráfica. La inconsistencia es evidente y pone en duda la veracidad de su defensa. ¿Está la ministra exagerando su propio desempeño o está enfrentando una crítica desproporcionada?

Aún más preocupante es el argumento que Batres ha ofrecido sobre la importancia de “construir justicia social” por encima de los números. Si bien es cierto que la justicia no se reduce a estadísticas frías, en el ámbito de la Corte, donde cada sentencia tiene un impacto directo en la vida de las personas y el orden jurídico del país, los números sí importan. La eficiencia y el compromiso con la resolución de casos son esenciales para garantizar que los ciudadanos obtengan justicia en tiempo y forma. En este sentido, no es suficiente excusarse en un ideal abstracto como la justicia social sin demostrar resultados tangibles que reflejen una verdadera preocupación por el bienestar común.

El debate en torno a Batres no solo se centra en su desempeño, sino también en su legitimidad. Al haber sido designada directamente por el presidente, su rol en la Suprema Corte ha estado bajo un escrutinio político constante. La oposición y sectores críticos la han visto como una extensión de la agenda de López Obrador en el máximo tribunal, lo que agrava las percepciones sobre su falta de independencia y la convierte en blanco fácil de ataques.

Para añadir más tensión al escenario, su reciente visita a distintas universidades como en Michoacán y Puebla, donde fueron suspendidas por ‘razones de seguridad’,  solo alimenta la narrativa de que su figura genera divisiones y rechazo entre ciertos sectores de la ciudadanía. Si bien este tipo de incidentes pueden estar fuera de su control, la imagen de una ministra aislada y controvertida parece persistir.

En este sentido, el mejor argumento en contra de la Reforma al Poder Judicial nos lo acaba de proporcionar la ministra Lenia Batres. Un juez, magistrado o ministro no puede permitirse aprender en el cargo, porque la justicia debe ser pronta y expedita, tal como lo establece nuestra Constitución. La existencia de la Carrera Judicial no es cualquier cosa; su propósito es evitar que “curvas de aprendizaje” tornen a los juzgadores en figuras ineficaces e incompetentes. La Carrera Judicial está diseñada para que los mejores y más preparados lleguen a los más altos cargos tras demostrar su capacidad a lo largo de años de formación, exámenes y evaluaciones rigurosas. No es un escenario para grillas ni conveniencias políticas.

Lenia Batres, como ministra, ha demostrado ser un ejemplo negativo en este sentido. Su falta de preparación ha sido evidente, tanto así que incluso sus aliadas en el Pleno han tenido que corregirla en repetidas ocasiones. Y mientras su productividad es notoriamente inferior a la del resto de los ministros, no dudó en criticar duramente el paro judicial, argumentando que era inmoral cobrar y no trabajar. Sin embargo, ¿qué tan moral es para ella ser la mitad de productiva que sus colegas mientras ocupa un puesto que claramente le queda grande?

La ministra Batres ha gastado más energía en foros organizados por Morena, donde se dedicó a arengar contra el Poder Judicial, que en perfeccionar su labor como juzgadora. Pareciera que tanto discurso y resentimiento no son más que un reflejo de su incapacidad para adaptarse a un cargo que requiere verdadera preparación y conocimiento. En lugar de contribuir con reformas constructivas, Batres se ha convertido en un símbolo de la politización del sistema judicial.

Así las cosas…