Caso Ayotzinapa: 12 Años Sin Conocer el Paradero de los 43 Normalistas

Datos del gobierno señalan que 151 personas han sido procesadas; destacan las detenciones de Jesús Murillo Karam y Ángel Aguirre; el lunes, el gobierno presentará un nuevo informe

Con la promesa de que el próximo lunes será presentado el informe actualizado del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, este sábado se cumplen 12 años de este hecho emblemático de la crisis de personas desaparecidas en México.

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, según apuntan las observaciones hechas por el gobierno y grupos de investigadores, se trató de una operación de Estado para detener, asesinar y desaparecer a un grupo de personas; y de coludirse para ocultar lo que pasó.

De acuerdo con las autoridades, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, mientras se dirigían a Ciudad de México para participar en las movilizaciones por el aniversario de la matanza estudiantil de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Fueron interceptados por policías municipales y estatales, quienes dispararon contra ellos y los vehículos en los que viajaban. Además, en el fuego cruzado quedó un autobús de un equipo de futbol (Avispones de Chilpancingo). Esa noche del 26, al menos 6 personas murieron (3 estudiantes y 3 civiles), decenas resultaron heridas y 43 normalistas fueron retenidos.

Los tres estudiantes muertos durante los hechos del 26 y 27 de septiembre fueron Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes, ‘el Chilango’, cuyo cuerpo fue hallado con huellas de tortura y el rostro desollado.

Los civiles muertos fueron el joven futbolista de 15 años, David Josué García Evangelista; el chofer Víctor Manuel Lugo Ortiz; y Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi que perdió la vida a causa de una bala perdida durante la agresión de las fuerzas policiales.

De los entre 80 y 100 alumnos que se trasladaron a Chilpancingo para tomar autobuses de la central camionera y hacer el viaje a la Ciudad de México, 43 fueron detenidos, según un informe de la CNDH en 2025. A 12 años, el paradero de 40 se desconoce, mientras que el de tres se logró confirmar a través de análisis genéticos.

Alexander Mora Venancio, en diciembre de 2014.

Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, en julio de 2020.

Jhosivani Guerrero de la Cruz, en junio de 2021

En una primera instancia, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del entonces procurador José Murillo Karam, enunció la ‘verdad histórica’, que decía que los normalistas habían sido detenidos por policías municipales y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que a la postre los había asesinado, incinerado y cuyos restos fueron arrojados al río San Juan, en el municipio de Cocula, Guerrero.

Por muchos años esta tesis fue confrontada por especialistas y expertos internacionales, pues había pruebas de la participación, o al menos la omisión, de aparatos del Estados mexicano, como policías, funcionarios y elementos de las fuerzas armadas.

En 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), en ese momento bajo la dirección de Alejandro Encinas, emitió un informe a partir del análisis de más de 40 mil 100 documentos donde se concluía que el caso Ayotzinapa constituyó un “crimen de Estado”.

“(…) en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, a tal grado de autoridades federales y estatales fueron omisas o negligentes, y alteraron hechos y circunstancias para establecer una conclusión “ajena a la verdad de los hechos”.

El 26 de septiembre de 2024, la CoVAJ publicó su tercer y último informe sobre el caso, que fijó el número de personas procesadas en 151, bajo el siguiente desglose: 39 integrantes de Guerreros Unidos, 88 policías (66 municipales, 10 estatales, 6 federales y 6 ministeriales), 16 elementos del Ejército mexicano, 5 exfuncionarios de la PGR, 1 presidente municipal (Iguala), 1 expresidenta del DIF (Iguala) y 1 elementos de la Marina.

En este sentido, entre las detenciones más relevantes en estos 12 años están las de exfuncionarios y servidores públicos.

La más reciente, y conseguida bajo las pesquisas de este nuevo enfoque de investigación, fue la del exgobernador de Guerrero, Ángel ‘N’, vinculado a proceso y recluido en el Altiplano, a quien la FGR investiga por su presunta participación en el delito de desaparición forzada.

Al respecto, el 6 de agosto pasado, la FGR dio avances sobre la nueva investigación que realiza la actual administración, y explicó que el exmandatario habría ordenado ocultar grabaciones de cámaras de seguridad, en las que se veía cómo el autobús “Estrella de Oro” número 1531, en el que viajaba el grupo de normalistas, era detenido por policías municipales y estatales.

“Estos y otros elementos contenidos en la investigación, permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”, señaló la fiscal Ernestina Godoy.

Se trata de la segunda detención importante sobre este caso de funcionarios de alto perfil, ya que antes se aprehendió al exprocurador Jesús ‘N’, el 19 de agosto de 2022, por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. En julio de 2026, un juez le otorgó el resguardo domiciliario y usar brazalete electrónico.

También es de señalarse la detención del general brigadier retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, el militar de más alto rango procesado por el caso Ayotzinapa, acusado de delincuencia organizada por su vínculo con los Guerrero Unidos. Era el comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala. En julio de 2024, un juez cambió la medida cautelar y le permitió llevar su proceso en libertad.

Otro personaje central que se tiene bajo la mira es Tomás Zerón de Lucio, quien es prófugo de la justicia mexicana y reside en Israel, país que no ha respondido positivamente a las solicitudes de extradición, ya que no existe un tratado entre ambos países.

Al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la FGR lo acusa de los delitos de tortura, desaparición forzada y manipulación de pruebas en el caso Ayotzinapa.

Cabe destacar que estos datos y cifras de 2024 son las más actuales del caso Ayotzinapa. Se suponía que este viernes saldría el primer informe de la administración de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, su presentación se recorrió para el lunes 28 de septiembre.

¿Qué es lo que podemos esperar del documento? En agosto pasado, el gobierno federal explicó que las nuevas indagatorias se concentran en cuatro líneas prioritarias: análisis de llamadas telefónicas, nuevas detenciones, la revisión de hechos y actores relevantes.

La presidenta dijo que desde el inicio de su gobierno se decidió explorar líneas que a su juicio no habían sido lo suficientemente agotadas, como las comunicaciones telefónicas registradas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

El informe será presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR).

Mientras esto llega, el caso Ayotzinapa cumple 12 años. A pesar de la investigación robusta y decenas de detenidos, solo se han identificado a tres de los estudiantes que estuvieron ese día en Iguala y del resto se desconoce su paradero.

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