“AMLO contrató al ‘rey del huachicol’ para combatir el huachicol”; filial de Pemex le pagó 22 mdp, revela Raúl Olmos

El periodista aseguró que autoridades federales conocían el funcionamiento del huachicol fiscal, las empresas involucradas y las aduanas utilizadas, pero “nunca hicieron nada para detenerlo”, pese al impacto millonario en la recaudación de impuestos.
Raúl Olmos, periodista especializado en redes de corrupción y autor del libro Huachicol fiscal. La madre de todas las estafas, aseguró que el esquema de contrabando y evasión fiscal relacionado con combustibles fue conocido y tolerado por autoridades federales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pese a que, afirmó, existían diagnósticos precisos sobre las empresas, aduanas y mecanismos utilizados para operar la red.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, afirmó que uno de los episodios más representativos del nivel de contradicción dentro del gobierno federal fue la contratación de una empresa vinculada con Sergio Carmona Angulo, identificado como “el rey del huachicol”, por parte de una filial de Pemex encargada justamente de combatir el robo de combustibles.

“AMLO contrató al rey del huachicol para combatir el huachicol”, declaró el periodista al explicar que la empresa IIS Servicios -filial de Pemex responsable de administrar las 500 pipas adquiridas tras el cierre de ductos en 2019- otorgó contratos a una compañía ligada a Carmona.
Según detalló, obtuvo comprobantes fiscales que muestran que en 2021 esa filial de Pemex “le pagó al menos 22 millones de pesos al rey del huachicol”. Los pagos, añadió, ocurrieron meses antes del asesinato de Carmona en noviembre de ese año en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Olmos recordó además que el hermano de Sergio Carmona estuvo al frente de una aduana en Tamaulipas, en un periodo en el que las pipas eran administradas por la empresa filial de Pemex.
El periodista sostuvo que el gobierno federal conocía ampliamente la operación del llamado huachicol fiscal y que incluso existían reuniones periódicas de distintas dependencias para dar seguimiento al fenómeno.

“Tenían un diagnóstico preciso, muy detallado, de por qué aduanas entraba, qué empresas estaban involucradas, cuál era el mecanismo que se utilizaba y a pesar de ello no intervinieron”, afirmó.

Agregó que funcionarios federales se reunían semanalmente tanto en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional como en la entonces Secretaría de Seguridad Pública, en Constituyentes, donde revisaban información sobre volúmenes de combustible introducidos ilegalmente al país y el monto de los impuestos evadidos.
“La realidad la tenían y además sabían incluso los volúmenes, sabían cuál era el volumen que le estaban robando al Estado en combustible y en impuestos”, señaló.

Por ello, consideró “un acto de cinismo absoluto” que autoridades federales presentaran en marzo de 2025 un decomiso histórico de combustible ilegal, cuando, dijo, las dependencias ya contaban con información completa sobre la operación de estas redes.

De la reforma energética al “contrabando documentado”
Olmos explicó que el libro documenta cómo el esquema de huachicol fiscal se fue consolidando desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, particularmente a partir de la apertura energética y la entrega masiva de permisos de importación de combustibles a empresas privadas.
“Cuando se dieron masivamente permisos para la importación fue con Peña Nieto gracias a la apertura energética”, explicó. Aunque aclaró que la reforma “no era para eso”, sostuvo que algunos grupos empresariales y criminales identificaron desde el inicio la posibilidad de utilizar esos permisos para realizar operaciones ilegales.
El periodista señaló que diversas empresas fantasma obtuvieron autorizaciones para importar millones de litros de combustible y posteriormente utilizaron esos permisos para introducir combustible de manera irregular, simulando operaciones legales.

“El producto que ingresa es distinto al que realmente entra; es una cosa lo que se declara y otra la que se ingresa”, dijo al explicar el mecanismo de contrabando documentado.

Según detalló, las empresas declaraban el ingreso de aditivos, aceites o productos químicos para evitar el pago del IEPS, cuando en realidad introducían gasolina y diésel. “Simulo que estoy pasando aceite quemado u otras cosas. Y en realidad es combustible”, sostuvo.

Olmos diferenció este esquema del llamado “contrabando bronco”, que históricamente consistía en introducir mercancía sin declararla ante aduanas. En el huachicol fiscal, explicó, sí existen pedimentos de importación, intervención de agentes aduanales y documentación oficial, aunque con información falsa sobre el contenido real de la mercancía.

Afirmó que el cierre de ductos ordenado por López Obrador en enero de 2019 para combatir el robo de combustible terminó impulsando el crecimiento del huachicol fiscal. “Ese momento fue el momento propicio para los huachicoleros fiscales para expandir su negocio”, dijo.

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